Damián Pérez – Lo público en juego

Hoy, el DANE ha publicado una cifra que, a primera vista, parecería invitar al optimismo: una tasa de desempleo del 9,2% para febrero de 2026. El titular es atractivo, sin duda. Pero cuando se mira más allá del número, lo que emerge no es una historia de recuperación sólida, sino un mercado laboral frágil, desigual y, en varios frentes, deteriorándose.

El primer problema es de fondo: no todo descenso del desempleo significa que el país esté generando más y mejores oportunidades. Parte de esta caída se explica porque menos personas están buscando trabajo. La disminución en la tasa global de participación sugiere que muchos colombianos simplemente han salido del mercado laboral, ya sea por desánimo o por falta de oportunidades reales. En otras palabras, no es que el empleo esté floreciendo, sino que la estadística se está ajustando.

A esto se suma un elemento particularmente preocupante: el impacto de decisiones económicas recientes sobre el empleo formal. El fuerte aumento del salario mínimo para 2026, cercano al 23,7%, si bien responde a una intención legítima de mejorar ingresos, está empezando a mostrar efectos adversos en sectores intensivos en mano de obra. Actividades como el comercio, el alojamiento y los servicios de comida que venían jalonando el crecimiento económico en Medellín han registrado pérdidas significativas de puestos formales, ya la ciudad no es la de menor tasa de desempleo de Colombia. En paralelo, el endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de la República, necesaria para controlar la inflación, mantiene el crédito caro y limita la capacidad de expansión del sector privado. La combinación no es menor: mayores costos laborales y menor acceso a financiamiento configuran un escenario contractivo para el empleo formal.

Pero quizás el problema más estructural es la calidad del empleo que se está generando. Colombia no está creando suficientes trabajos formales y productivos; en su lugar, crece el empleo por cuenta propia y, en menor medida, el empleo público. Esto no solo es fiscalmente insostenible en el largo plazo, sino que perpetúa la informalidad y limita la movilidad social. Un país que sustituye empleo privado formal por rebusque no está avanzando: está administrando la precariedad.

La situación es aún más delicada cuando se observa con enfoque de género. Las mujeres siguen enfrentando tasas de desempleo significativamente más altas que los hombres, y muchas de las nuevas ocupaciones que se generan para ellas corresponden a actividades informales de baja productividad. Llamar “emprendimiento” a estas dinámicas es, en muchos casos, una forma elegante de describir la exclusión.

En el campo, el panorama tampoco es alentador. La fuerte caída del empleo en el sector agrícola en gran medida por el aumento del valor del jornal, evidencia la ausencia de una red de protección efectiva para la población rural. Allí, perder un trabajo no es solo una estadística: es, con frecuencia, la diferencia entre subsistencia y pobreza.

Nada de esto significa que el dato de desempleo deba ignorarse. Pero sí implica que celebrarlo sin matices es un error. Las cifras pueden mejorar mientras las condiciones reales de los trabajadores se deterioran. Y ese es, precisamente, el riesgo de una lectura superficial.

Colombia necesita más que buenos titulares: necesita empleo formal, productivo y sostenible. Necesita políticas que incentiven la contratación privada, reduzcan la informalidad y cierren brechas históricas. Porque un país no progresa cuando baja el desempleo en el papel; progresa cuando sus ciudadanos encuentran oportunidades reales para vivir mejor.

Celebrar hoy, sin reconocer estas tensiones, es perder de vista el problema de fondo.