Damián Pérez – Lo público en juego

Hoy, el DANE ha publicado una cifra que, a primera vista, parecería invitar al optimismo: una tasa de desempleo del 9,2% para febrero de 2026. El titular es atractivo, sin duda. Pero cuando se mira más allá del número, lo que emerge no es una historia de recuperación sólida, sino un mercado laboral frágil, desigual y, en varios frentes, deteriorándose.

El primer problema es de fondo: no todo descenso del desempleo significa que el país esté generando más y mejores oportunidades. Parte de esta caída se explica porque menos personas están buscando trabajo. La disminución en la tasa global de participación sugiere que muchos colombianos simplemente han salido del mercado laboral, ya sea por desánimo o por falta de oportunidades reales. En otras palabras, no es que el empleo esté floreciendo, sino que la estadística se está ajustando.

A esto se suma un elemento particularmente preocupante: el impacto de decisiones económicas recientes sobre el empleo formal. El fuerte aumento del salario mínimo para 2026, cercano al 23,7%, si bien responde a una intención legítima de mejorar ingresos, está empezando a mostrar efectos adversos en sectores intensivos en mano de obra. Actividades como el comercio, el alojamiento y los servicios de comida que venían jalonando el crecimiento económico en Medellín han registrado pérdidas significativas de puestos formales, ya la ciudad no es la de menor tasa de desempleo de Colombia. En paralelo, el endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de la República, necesaria para controlar la inflación, mantiene el crédito caro y limita la capacidad de expansión del sector privado. La combinación no es menor: mayores costos laborales y menor acceso a financiamiento configuran un escenario contractivo para el empleo formal.

Pero quizás el problema más estructural es la calidad del empleo que se está generando. Colombia no está creando suficientes trabajos formales y productivos; en su lugar, crece el empleo por cuenta propia y, en menor medida, el empleo público. Esto no solo es fiscalmente insostenible en el largo plazo, sino que perpetúa la informalidad y limita la movilidad social. Un país que sustituye empleo privado formal por rebusque no está avanzando: está administrando la precariedad.

La situación es aún más delicada cuando se observa con enfoque de género. Las mujeres siguen enfrentando tasas de desempleo significativamente más altas que los hombres, y muchas de las nuevas ocupaciones que se generan para ellas corresponden a actividades informales de baja productividad. Llamar “emprendimiento” a estas dinámicas es, en muchos casos, una forma elegante de describir la exclusión.

En el campo, el panorama tampoco es alentador. La fuerte caída del empleo en el sector agrícola en gran medida por el aumento del valor del jornal, evidencia la ausencia de una red de protección efectiva para la población rural. Allí, perder un trabajo no es solo una estadística: es, con frecuencia, la diferencia entre subsistencia y pobreza.

Nada de esto significa que el dato de desempleo deba ignorarse. Pero sí implica que celebrarlo sin matices es un error. Las cifras pueden mejorar mientras las condiciones reales de los trabajadores se deterioran. Y ese es, precisamente, el riesgo de una lectura superficial.

Colombia necesita más que buenos titulares: necesita empleo formal, productivo y sostenible. Necesita políticas que incentiven la contratación privada, reduzcan la informalidad y cierren brechas históricas. Porque un país no progresa cuando baja el desempleo en el papel; progresa cuando sus ciudadanos encuentran oportunidades reales para vivir mejor.

Celebrar hoy, sin reconocer estas tensiones, es perder de vista el problema de fondo.

En Colombia, el sistema de salud venia presentando fallas, inequidades y retos estructurales que exigían ajustes en especial en la corrupción que tenía una puerta abierta en el sistema. Pero este gobierno de Petro no entendió que debió reformar con responsabilidad y opto por desmontar sin tener claro cómo sostener lo que funcionaba.

En lugar de construir sobre lo construido, Petro se dedicó a confrontar lo existente y a pelear con las EPS, que durante años habían sido el eje de articulación entre pacientes, clínicas y hospitales, las debilito progresivamente, generando incertidumbre en la prestación de servicios donde lo único cierto era que millones de colombianos dependen de ese sistema para acceder a tratamientos, medicamentos y atención oportuna.

El resultado de esta incertidumbre ya se siente en la vida real. Retrasos en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a citas con especialistas y una creciente congestión en la red hospitalaria son señales de un sistema que perdió capacidad de respuesta. No es un problema de ideología, es un problema que afecta directamente a los pacientes.

El Gobierno ha insistido en un modelo más centralizado, donde el Estado asume un rol predominante en la administración de los recursos, sin embargo, no ha logrado explicar con precisión cómo garantizará eficiencia, cobertura y calidad en un sistema mucho más complejo de operar desde lo público, razón por la cual la reforma nunca ha logrado salir victoriosa del congreso.

La salud no admite improvisaciones. Requiere planeación, continuidad y, sobre todo, responsabilidad en la transición. Cambiar las reglas del juego sin tener completamente estructurado el modelo de reemplazo genera riesgos innecesarios para millones de colombianos, los maestros lo sufrieron, experimentaron con su EPS y el resultado fue marchas en contra de los cambios efectuados por este indolente gobierno.

El debate se ha manejado más desde la narrativa política y ha dejado de lado la evidencia técnica. Se ha planteado una dicotomía simplista entre “lo público” y “lo privado”, cuando en realidad el sistema de salud colombiano ha funcionado como un modelo mixto que ha permitido ampliar cobertura y mejorar indicadores en las últimas décadas. El sistema iba avanzando pero ahora esta en el retroceso mas grande de su historia.

Hoy, el país enfrenta una situación compleja: un sistema en transición, con actores debilitados y sin una hoja de ruta completamente clara. Y en medio de ese escenario, los más afectados no son las instituciones, sino los ciudadanos.

La discusión sobre la salud debería centrarse en cómo mejorar lo que existe, no en destruirlo por razones ideológicas. Colombia necesita una reforma, sí, pero una que parta de la realidad, que corrija fallas y que garantice continuidad en la atención.

Porque al final, la salud no es un escenario de disputa política. Es un servicio esencial donde cada decisión tiene consecuencias reales en la vida de las personas.

Y en este caso, el riesgo de equivocarse no se mide en jaques,
se mide en vidas.

Para quienes hemos seguido durante años la política colombiana e incluso participado en ella como es mi caso, hemos construido desde la objetividad una visión crítica frente al terrorismo y la impunidad, lo que está ocurriendo hoy con la campaña de Iván Cepeda no resulta sorprendente, sino profundamente preocupante.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay no solo enluta al país, también revive una pregunta incómoda: ¿qué tan coherente es el discurso de la izquierda frente a la violencia? Aunque no existen pruebas directas contra Cepeda, lo cierto es que su trayectoria ha estado marcada por una narrativa que muchos colombianos percibimos como indulgente frente a grupos armados.

Durante años, Cepeda ha cuestionado la acción militar y ha sido una de las voces más visibles en la crítica al Estado en su lucha contra las guerrillas una postura que en concepto de muchos ha terminado relativizando la gravedad del accionar de organizaciones criminales.

Hoy, esa tensión debe pasar factura. No porque se haya probado una responsabilidad directa, sino porque en política la coherencia importa. Y cuando un candidato ha construido su imagen alrededor de la comprensión del conflicto, no puede gobernar un país que regresa a sus épocas de conflicto mas obscuras.

El problema para Cepeda es aún más profundo en un país donde millones de ciudadanos recuerdan que la seguridad no fue un discurso, sino una conquista. Bajo el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez, Colombia logró recuperar territorios, reducir secuestros y devolverle tranquilidad a muchas regiones. Ese recuerdo sigue vivo, y cualquier ambigüedad frente a quienes amenazan ese orden nos genera desconfianza inmediata.

Cepeda no solo enfrenta cuestionamientos, sino una comparación constante con un modelo que muchos consideran exitoso, ¿votar por quien genera dudas frente a su posición en el conflicto o votar por quienes prometen el regreso de la seguridad en sus discursos?

Aquí no se trata de pruebas judiciales, sino de confianza política. Y la confianza, una vez debilitada, es difícil de recuperar. Iván Cepeda no genera confianza para derrotar a la guerrilla.

Para el votante que cree en la autoridad, el orden y la defensa del Estado, la pregunta ya no es si Cepeda es responsable de algo. La pregunta es si representa el tipo de liderazgo que Colombia necesita en un momento donde la seguridad vuelve a estar en juego.

Para muchos, la respuesta empieza a ser cada vez más clara.